Santo Domingo, 25 de marzo de 2025 – La reforma policial en la República Dominicana, impulsada con gran empeño por el presidente Luis Abinader, junto a la ministra Faride Raful y otros funcionarios y oficiales, pretendía transformar a la Policía Nacional en una institución confiable y al servicio de la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, los resultados han sido decepcionantes, y la percepción de fracaso se hace cada vez más evidente.
El presidente Abinader ha cumplido promesas clave, como el aumento de sueldos para los agentes policiales, un compromiso que buscaba dignificar la labor de los uniformados y mejorar su desempeño. Asimismo, se han implementado medidas para reorganizar el cuerpo del orden, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y establecer una policía funcional. No obstante, los abusos y las conductas contrarias a las órdenes preventivas persisten, empañando cualquier avance.
Entre las promesas de la reforma estaba la creación de una imagen de confianza y vocación de servicio, un esfuerzo que ha recaído en gran medida en figuras como Diego Pesqueira, el relacionador público de la institución. Pesqueira ha trabajado por proyectar una Policía Nacional más cercana a la población, pero los hechos contradicen esta narrativa. Agentes del orden continúan maltratando a los ciudadanos, y operativos como los de la unidad Antirruidos, que incautan bocinas, vehículos y afectan a colmaderos sin advertencia previa, generan más rechazo que aceptación. Las redadas en los barrios, una práctica que se esperaba erradicar, también persisten.
La reforma enfrentaba retos ambiciosos: la prevención de delitos, la investigación y persecución de estos, y la sanción de infracciones administrativas. Además, se buscaba una mayor coordinación con el Ministerio Público y los tres niveles de gobierno. Sin embargo, estos objetivos chocan con una realidad preocupante. Según consultas realizadas, el 51% de los policías considera que lo más difícil de su profesión es lidiar con la desconfianza de la ciudadanía; el 16% señala el rechazo directo de la población, y el 13% apunta a los obstáculos que los propios ciudadanos representan para su trabajo.
A esto se suma la necesidad de cumplir con el Reglamento sobre el Uso de la Fuerza de la Policía Nacional, un procedimiento que debería guiar las actuaciones de los agentes, pero que en la práctica parece ignorarse. Lejos de avanzar, la institución sigue atrapada en un ciclo de abusos y desvíos que socavan la confianza pública.
A pesar de los esfuerzos del presidente Abinader y su equipo, la reforma policial no ha logrado revertir la percepción negativa ni los problemas estructurales del cuerpo del orden. La seguridad ciudadana sigue siendo una asignatura pendiente, y la ciudadanía espera resultados concretos que vayan más allá de las buenas intenciones. Por ahora, el sueño de una Policía Nacional renovada permanece distante, mientras los abusos y la desconfianza continúan marcando la relación entre los agentes y la población.
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